¿Leyes o placas?

De veinte años para acá, la prohibición de la discriminación por orientación sexual e identidad de género en Hidalgo pasó de estar contenida en unas pocas leyes a adquirir rango constitucional y penal. Con esto, en principio, cualquier persona LGBT+ está protegida ante el desconocimiento de sus derechos en cualquier escenario en el estado, del trabajo al esparcimiento y de la política a la familia.

Pero las acciones legislativas no siempre inciden necesaria e inmediatamente en la cotidianidad de la ciudadanía que presuntamente buscan defender, empezando por el hecho de que una buena parte de ella ni siquiera las conoce. ¿A quién y de qué manera corresponde la vigilancia de la correcta aplicación de la justicia, que, desde luego, va más allá del mero decreto de leyes?

Hace un par de semanas, en Pachuca, el presidente Sergio Baños, el diputado Ángel Tenorio, el regidor César Ramírez Nieto, la presidenta de Transgénero Hidalgo, Karen Quintero, y el presidente de Quórum, Arlan Cruz, participaron en la develación de una placa que garantiza seguridad y libertad para la población de la diversidad sexual en las unidades de la base de taxis La Asunción, en el centro histórico de la ciudad.

Que organizaciones de la sociedad civil, dentro del rango de sus funciones, busquen a través de este tipo de actos compensar las limitaciones de los documentos jurídicos para aterrizar en las distintas realidades de la gente LGBT+, es justificable y hasta encomiable. ¿Pero hasta qué punto es papel de los poderes ejecutivo y legislativo del municipio y del estado involucrarse en actividades que, a lo más, demuestran el poco alcance de su trabajo?

Por lo limitado de la acción (apenas una de las más de 160 bases de taxis que hay en la región, sin contar las rutas de unidades colectivas), incluso pensar en ella como política pública se queda corto.

Si desde el poder político se aplaude que una base haga público su deber de no discriminar, como si se tratara de una concesión especial, ¿no se envía así un mensaje ambiguo a los usuarios del servicio, como si dijeran ‘si ves esta placa, adelante; si no, súbete bajo tu propio riesgo’? ¿Cómo dejar claro a todas las otras bases de la zona que, con placa o sin ella, la inclusión es una obligación en tanto prestadores de un servicio público? ¿Que un concesionario haya decidido sumarse a esta acción civil realmente asegurará que en el Tuzobús no vuelva a haber casos de discriminación transfóbica, como sucedió hace un par de años?

Si la colocación de una placa ha sido considerada como la estrategia más efectiva para reforzar el Reglamento de la Ley de Movilidad y Transporte para el Estado de Hidalgo -que ya contempla la prestación de un servicio sin discriminación-, ¿por qué el gobierno municipal no se encarga de gestionar con el estatal que todas las bases y rutas la tengan, como se hace con los establecimientos comerciales?, ¿o es que se hará labor -así como un evento de develación de placa- con cada una de ellas?

La sensibilización en materia de derechos humanos de la diversidad sexual es una tarea complementaria indispensable para el adecuado funcionamiento de las leyes, y el gobierno no debe ser ajeno a ella. Pero tampoco debe confundirla con su trabajo primordial de proporcionar a los ciudadanos los recursos necesarios para acceder efectivamente a servicios inclusivos, así como a reparaciones justas, en el caso de violaciones a sus derechos, por la vía legal. Estos recursos van desde la difusión de las leyes hasta la prevención de actos de corrupción en su ejercicio.

Es una buena noticia que la sociedad civil promueva acciones como ésta, que haya empresarios dispuestos a sumarse a ellas y políticos que las respalden, pero si -más allá de trabajar de la mano, como debe ocurrir idealmente en una democracia- no hay claridad en el cumplimiento de las responsabilidades que a cada instancia le corresponden, es evidente que alguna sobra.