La crisis policiaca de Hidalgo

En México 49.1% de la población desconfía de los policías estatales y 51.9% muestra la misma percepción hacia las corporaciones municipales, según la última Encuesta Nacional sobre Seguridad Urbana (Ensu) presentada en marzo de 2021.

En lo personal, cuando veo que un policía se acerca siento todo menos confianza y seguridad; esto quizá se deba a que en la ciudad donde vivo, Pachuca, la Ensu arrojó que menos de la mitad de la población confía en la policía estatal (48.6%), mientras que la percepción es peor cuando se trata de la municipal (42.6%).

Pero como sucede en nuestro desigual país, hay lugares como San Pedro Garza García donde 82.8% confía en sus policías estatales y Uruapan, donde apenas 30.5% tiene esa percepción positiva.

El ejercicio de consulta nos da una idea de que en México confiamos poco en las autoridades de esos niveles de gobierno, aunque existen casos como el de Hidalgo, donde las corporaciones tanto municipales como estatales muestran signos de una profunda crisis interna.

Para muestra dos recientes casos que alcanzaron a convertirse en escándalos nacionales. El primero ocurrió el pasado 1 de junio, cuando policías estatales y habitantes de Xuchitlán, San Salvador, protagonizaron un enfrentamiento en inmediaciones del Palacio de Gobierno en Pachuca que dejó como saldo una persona muerta.

Leobardo Hernández Regino murió 15 días después de la manifestación, luego de debatirse entre la vida y la muerte en el Hospital General de Pachuca. El joven de 29 años fue herido de gravedad por un policía estatal que disparó un proyectil con gas lacrimógeno que impactó directamente en su rostro. El objeto perforó el cráneo de Leobardo y le provocó un edema cerebral que complicó su salud hasta que el pasado 15 de junio murió de un paro cardiorrespiratorio.

Apenas un día antes la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo emitió una recomendación dirigida al comisario de la Agencia de Seguridad Estatal, Uriel Moreno Castro. El documento, entre otras observaciones, pide investigar el actuar del policía acusado de homicidio culposo por violar el uso de fuerza y control de multitudes.

Además, pide a la corporación capacitar de manera constante a sus policías y evaluarlos, sobre todo en lo que respecta al uso de la fuerza, y manejo adecuado de armas no letales como gases y demás químicos. Y, muy importante, la CDHEH pide impartir nociones básicas de derechos humanos y, en el caso de Leobardo, que sea reparado el daño y se garantice justicia a las víctimas tanto directas como indirectas.

El otro caso que ha generado indignación nacional es el de la doctora Beatriz Hernández, que falleció en el área de retención primaria de la policía municipal de Progreso de Obregón en circunstancias que siguen siendo un misterio.

Ese caso, cuya investigación sigue en marcha, mantiene a siete policías municipales detenidos bajo sospecha de haber asesinado a Hernández luego de que fue detenida tras verse involucrada en un accidente de tránsito y después ingresada por la fuerza a una patrulla y luego a los separos.

Un comunicado de la presidencia municipal de Progreso sostiene que la joven mujer de 29 años se suicidó en las instalaciones de la policía local, lo cual parece una estratagema para ocultar la verdadera causa de su fallecimiento. En este caso el desenlace está por verse, pero sin duda Beatriz no debió haber sido detenida después del accidente sino llevada con un médico para que atendiera su salud después del percance.

En ambos casos es evidente que los uniformados no actuaron como debían, lo que denota falta de preparación y capacitación. Para acabar pronto: los policías no saben actuar, lo cual pone en peligro constante a la ciudadanía porque ellos traen armas y regularmente actúan en grupo.

Y si a eso le sumamos que tienen bajos salarios (lo cual los hace susceptibles a corrupción), falta de equipo y ausencia de reconocimiento social, tenemos a unas corporaciones policiacas en crisis.

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