Interrupción legal del embarazo: triunfo feminista aún inconcluso

Fui testigo de la batalla que dieron grupos feministas para que el Congreso de Hidalgo finalmente aprobara este miércoles 30 de junio las reformas que permitirán la interrupción legal del embarazo antes de las 12 de semanas de gestación.

Hubo un intento a finales de 2019, pero la división en la bancada morenista de Hidalgo impidió que saliera adelante. De aquel ensayo frustrado, sobrevino después el desánimo. Había la sensación de que no habría otra oportunidad, al menos en el corto plazo, para sacar adelante la iniciativa.

Recientemente entrevisté a la diputada morenista, Roxana Montealegre, quien impulsó que la iniciativa fuera retomada antes de que la actual legislatura concluya su periodo el próximo 4 de septiembre.

Le pregunté la razón por la cual retomarían una iniciativa que había naufragado durante su primer año de actividades legislativas producto de una división en la bancada morenista. Montealegre contó que, en esta ocasión, si bien había dudas entre algunos integrantes, la mayoría estaba de acuerdo en sacarla adelante. El 30 de junio se confirmó que los acuerdos estaban amarrados, pues sólo la diputada Doralicia Martínez se abstuvo al momento de la votación. 

La histórica sesión del miércoles 30 de junio no estuvo exenta de riesgos. Los partidos de oposición a Morena, principalmente PAN y PRI, trataron de impedir que la iniciativa fuera llevada al pleno, bajo el argumento de que no se cumplió con el proceso legislativo para su aprobación en comisiones.

Argucias que seguramente llevarán a tribunales, pero con pocas posibilidades de que fructifiquen porque la mayoría en el Congreso se expresó de forma contundente.

Incluso llegaron grupos de taxistas a protestar e intentaron entrar al recinto legislativo, lo que hubiera impedido que se llevara a buen puerto la votación de la iniciativa.

Hoy que Hidalgo se convirtió en el tercer estado en aprobar la despenalización del aborto se abre otro frente: que la ley encuentre eco en la realidad y que las mujeres ejerzan a plenitud sus derechos reproductivos.

Según la organización IPAS México, la aprobación de la nueva ley debe estar acompañada de acciones para habilitar el acceso a servicios de salud en las condiciones indicadas por organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud.

Esto quiere decir que los hospitales estatales deberán estar listos para proveer procedimientos de aborto seguro: información correcta, personal capacitado, insumos clínicos suficientes y tecnología adecuada. La meta no es sencilla tomando en cuenta las limitaciones presupuestales de un estado como Hidalgo.

Al final, destaca IPAS, el contar con una red de servicios de salud adecuada, se traducirá en una disminución de la mortalidad materna, en reducción de hospitalizaciones, ahorros para el sistema de salud, así como equidad social y reducción del estigma.

La lucha feminista ganó una batalla, pero falta llevar las reformas a la realidad de las instituciones y el personal médico de Hidalgo.

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