¿Inclusión sin institucionalización?

Los junios arcoíris serán ya tan inevitables como los febreros rojos, los mayos rosas o los septiembres tricolor. Hace ya una década -y cada vez con mayor intensidad- que a mediados de año, en buena parte del mundo, las fachadas de sitios físicos y virtuales de empresas de todos tipos -desde bancos hasta equipos de futbol- se adornan con pendones, marcos, listones, globos y cartulinas con los colores de las banderas gay y trans.

La diversidad sexual como nicho de mercado ha quedado más que establecida y difícilmente se le va a dejar ir. Esto ha ocasionado la inconformidad de un gran número de activistas que ven en estos actos una banalización de la lucha por los derechos de las personas homosexuales y transgénero que desde hace más de cincuenta años han llevado a cabo.

Se tacha a las empresas de oportunistas (¿pero cuál no lo es?), a sus clientes de conformistas (como si todos pagaran la concha multicolor con su silencio acrítico) y se les exige donar sus ganancias a organizaciones de la sociedad civil (algunas así lo han hecho y pocos han quedado conformes con la elección de la receptora). Sin embargo, esos actos no son más que una consecuencia -en principio, ni negativa ni positiva, pero sí más o menos obvia- del proceso de inclusión social que el sector LGBT+ de la población ha propiciado y vivido durante las últimas décadas.

Cuando un grupo demanda su integración a una dinámica social más amplia, resulta imposible controlar en su totalidad la manera en que ésta se realizará; su incorporación gradual -y aún incompleta- a algunas instituciones sociales (como la justicia, la educación o el trabajo) provocará inevitablemente su entrada a otras (como el comercio). No hay forma de elegir a cuáles sí y a cuáles no, aunque sí la hay de elegir cómo.

El movimiento de la diversidad sexual contemporáneo -con sus bases, no primarias, pero sí más inmediatas en la segunda mitad del siglo pasado- surgió dentro de un contexto clasista, capitalista y consumista; era previsible que su institucionalización acarreara características de estos sistemas y tantos más, al grado de que no son pocos los otros activistas para quienes la idea del poder adquisitivo como vía de aceptación social resulta atractiva, y son muchas las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans que se suman gustosas a la compra de botanas, botellas y chamarras.

Ambos extremos son ingenuos, tercos y, sobre todo, imprácticos. Las empresas no son ni un monstruo devorador de conciencias críticas ni el órgano de la sociedad que nos hace el favor de la visibilización. Las empresas lucran, ése es su fin (y si subsisten como parte fundamental del sistema es porque lo hacen muy bien); los activistas (idealmente) favorecen un cambio social positivo. Mientras las primeras no estorben el trabajo de los segundos (como lo hacen aquellas que ocupan espacios claramente destinados al activismo y no al lucro), ambas dimensiones sociales pueden coexistir en una suerte de tensión armoniosa.

Parece un problema mayor que algunos activistas consideren que su trabajo es empeñarse en un monólogo estéril contra las empresas durante todo un mes en vez de aspirar al razonamiento, la negociación y el arreglo con lo que se ve como el enemigo. Quizá una pregunta conveniente para empezar a pensar sería por qué la mayoría de los asistentes a las marchas del orgullo prefieren correr a subirse al camión de la marca que más les gusta para tomarse una selfie que sumarse al contingente que protesta por los asesinatos impunes de personas homosexuales y trans, y cómo hacer para que a cada situación se le dé su justa importancia y lugar. Y la respuesta no es fácil.